Caso Éxodo: Don Stockwell sale libre y asegura que todo es un “malentendido”, mientras la Fiscalía revela nuevas pruebas

Un día después de los 22 allanamientos de la Operación Éxodo, el caso que sacudió al mundo de los espectáculos en Costa Rica tuvo nuevos giros.

Stockwell, en libertad

Don Stockwell, detenido el miércoles en su casa en Pozos de Santa Ana, salió de las instalaciones judiciales durante la madrugada tras declarar ante el Ministerio Público. Horas después, publicó un video en redes sociales para confirmar que ya estaba en su hogar. “Ya estoy en casa, listo para luchar contra este malentendido”, manifestó.

Más tarde, a su llegada a los tribunales de Goicoechea, el productor aseguró ante los medios que se asoció con personas sin saber con quiénes se relacionaban estas, y afirmó tener la conciencia tranquila.

Su abogado, Daniel Brenes, sostuvo que durante la indagatoria se aportaron elementos que redujeron los riesgos procesales señalados por la Fiscalía, y que su cliente no tiene el vínculo criminal que le atribuyen los investigadores.

¿Por qué quedó libre?

La Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada explicó que la decisión se tomó tras valorar su declaración, sus arraigos, los posibles peligros procesales y las pruebas disponibles. Por eso, no pedirá prisión preventiva, sino otras medidas para garantizar que siga ligado al proceso.

Es importante aclarar que esto no significa que haya sido absuelto: Stockwell continúa como imputado en la investigación.

Una mujer que también había sido detenida en el operativo quedó en libertad sin medidas cautelares, aunque sigue siendo investigada. El resto de los sospechosos, entre ellos el productor Hugo Barboza, enfrentan solicitudes de medidas cautelares que deberán resolver los tribunales.

Las nuevas pruebas

Según documentos judiciales divulgados por medios nacionales, los investigadores recuperaron conversaciones de la aplicación Snapchat en las que, de acuerdo con su hipótesis, se intercambiaban recibos, fotografías de fajos de billetes y comprobantes de transferencias. El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que el FBI colaboró para recuperar esos mensajes, ya que la plataforma representaba dificultades técnicas para las autoridades costarricenses.

Entre los elementos del expediente también figura una videollamada del 14 de septiembre de 2023 entre Stockwell y Edwin Vargas García, alias “Sobrino”, en la que, según el OIJ, habrían conversado sobre una inversión de unos 250.000 dólares para un espectáculo. Además, en uno de los mensajes incorporados a la orden de allanamiento aparecen referencias a una inversión, sus ganancias y un retorno del 37 %.

Para los investigadores, estos mensajes indicarían que los productores conocían la participación de “Sobrino” como inversionista. Sin embargo, esta es la hipótesis de las autoridades y deberá ser valorada en el proceso judicial. La investigación busca determinar si se trató de negocios legítimos o de un mecanismo para introducir dinero de origen ilícito en la economía.

Repercusiones políticas

El caso también llegó al terreno político por la circulación de fotografías de los productores con figuras públicas. La presidenta Laura Fernández confirmó que en marzo asistió a un concierto en el Estadio Nacional, donde coincidió con Hugo Barboza y se tomó fotografías con él. Explicó que la invitación le llegó por medio del vicepresidente Francisco Gamboa y aseguró que no conocía al empresario ni sabía de investigaciones en su contra.

Por su parte, el Partido Liberación Nacional negó que Stockwell y Barboza hayan sido contribuyentes o proveedores de sus campañas de 2022 y 2026, luego de que circularan imágenes de los productores con dirigentes de ese partido.

Cabe destacar que una fotografía o un encuentro público no demuestra participación en actividades ilícitas, y hasta ahora no se ha establecido ninguna responsabilidad de figuras políticas en este caso.

¿Qué sigue?

Por la cantidad de investigados y el volumen de información, las audiencias de medidas cautelares podrían extenderse entre dos y tres semanas, y el despacho judicial reservó hasta un mes para completarlas.

Todas las personas investigadas se presumen inocentes mientras no exista una sentencia firme.